Carlos Bernal Pozo, Gerente General de Acomipe, alega que dentro del régimen minero, las compañías mineras están facultadas para contratar empresas especializadas en operaciones, eso es parte del reglamento de la Ley General de Minería. Por lo cual, la norma sería “una transgresión constitucional”.
La norma emitida por el Gobierno que prohíbe la tercerización de empleos en el Perú no solo estaría afectando en el aspecto económico y social, sino que también tendría un impacto directamente en el empleo, ya que se podrían perder cerca de 70.000 puestos de trabajo, afirma Carlos Bernal Pozo, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe).
“La norma va a desnaturalizar la propia Ley, porque incluye el concepto de núcleo de negocio que no está considerado en la propia Ley. Es decir, es una transgresión constitucional fragante, de lo cual parece que no se han dado cuenta en el Ministerio de Trabajo, porque no tiene un sustento técnico”, agregó.
¿ Como afectara las empresas mineras ?
La afectación será muy grande en cuánto al desarrollo de las actividades del sector minero.
En esa línea, Carlos Bernal Pozo alega que dentro del régimen minero, las compañías están facultadas para contratar empresas especializadas en operaciones, eso es parte del reglamento de la Ley General de Minería.
“Inmediatamente aplicada la norma se perderían cerca de 70.000 puestos de trabajo, por que las empresas contratistas aglutinan a cerca de 180,000 trabajadores de la industria minera”, manifiesta.
En el intento de que todos estos empleados pasen a ser parte de la compañías mineras es lógico que estas no podrían acoger a tantos trabajadores.
“La situación se podría agravar después porque las empresas mineras podrían considerar no continuar con las actividades porque se les estaría obligando a tener en su planilla directamente a todos los trabajadores, lo cual es inviable”, remarcó el representante de Acomipe.
Fuente : EL COMERCIO